Se cumplieron con todos los pasos para los traslados", afirmó la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi sobre las personas con discapacidad severa de Aldeas de la Bondad que llegaron desde Salto a Montevideo. Agregó que es absolutamente necesario continuar con los traslados porque la Fundación Imcos, gestora de Aldeas, rescindió el contrato que mantenía con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

En declaraciones a la prensa antes de comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Arismendi dijo que junto a su equipo de gestión están revisando todos los documentos respecto al tratamiento de pacientes con discapacidad en Aldeas de la Bondad.

Por este análisis de documentos, las autoridades detectaron intervenciones para profundizar sobre situaciones contables, médicas y forma de concebir el trabajo en Aldeas de la Bondad por parte del Estado, desde el período de gobierno del expresidente Jorge Batlle (2000-2005).

Arismendi señaló que a fines de 2004 Uruguay aprobó el Código del Niño y el Adolescente, así como la adhesión a las convenciones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad, todas normas que, consideró, cambiaron los ejes de trabajo en el país.

La ministra enfatizó: “Si hay algo que me duele y molesta, es no haber realizado los traslados antes”. Agregó que el traslado es una determinación muy dura y radical que expone problemas de la sociedad que es necesario resolver, porque, por ejemplo, actualmente hay 617 personas adultas con distintos grados de discapacidad que el Estado tutela —primero mediante el Consejo del Niño, luego a través del Instituto Nacional del Menor (Iname) y ahora por medio del INAU— quienes hoy tienen 60 años. Agregó que es necesario asegurarles los derechos y la calidad de vida, proceso que calificó como complejo y difícil.

“Decidimos tomar medidas, con toda la tragedia que eso implicó, especialmente porque somos sensibles y porque creemos que son personas con derechos”, explicó. Agregó que son enfermos alejados de la sociedad sino que son personas con diferentes grados de discapacidad.

Arismendi afirmó que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en coordinación con otros organismos del Estado siguen trabajando para continuar con los traslados porque es absolutamente necesario.

Explicó que se parte de la base de que la Fundación Imcos y la asociación Aldeas de la Bondad rescindieron el convenio que habían mantenido desde el año 1986 con el INAU.”La fundación rescindió el contrato por lo tanto había que sacar a las personas de ese lugar, tomando todas las medidas necesarias”, sostuvo.

"Se cumplieron con todos los pasos para los traslados", dijo la jerarca. En referencia al estado de salud de los pacientes que llegaron desde Salto, agregó que son monitoreados en forma permanente con las entidades de salud correspondientes.