El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de sexto turno revocó la acción de amparo parcial dictada por el Juzgado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de tercer turno, presentada por la empresa tabacalera British American Tobacco contra el decreto n.º 235/018, que obliga a las empresas a utilizar paquetes con un diseño neutro.

El Poder Ejecutivo recurrió el fallo porque entendió que no se tuvieron en cuenta las facultades de las instituciones estatales para la reglamentación de este tipo de medidas ni los antecedentes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre el decreto de presentación única de productos de tabaco, aseguraron Toma, Roballo y Basso, en la conferencia de prensa realizada en la Torre Ejecutiva este miércoles 17. “En la apelación fuimos firmes y contundentes, porque lo que está en juego es la salud de la población. Esta sentencia ahora es inapelable. El decreto tiene plena vigencia, vigor y acatamiento”, subrayó Toma.

Los objetivos del decreto son reducir el atractivo del consumo de tabaco, eliminar la publicidad y promoción de este producto y reducir las posibilidades para inducir a error sobre los perjuicios que ocasiona.

Las autoridades subrayaron que la acción de amparo parcial solamente suspendió la vigencia del decreto a la empresa que la solicitó. Con este fallo del Tribunal de Apelaciones, el decreto proseguirá como si no se hubiera interpuesto ninguna acción judicial, aclaró Toma. El decreto fue firmado el 6 de agosto de 2018 y define un plazo de seis meses. Por lo tanto, la obligatoriedad para comercializar cigarrillos con este tipo de cajillas comenzará en febrero de 2019.

Como el envoltorio para el expendio de cannabis se diseñó con especificaciones que incluyen su no exposición al público, la prohibición de su promoción y las advertencias sanitarias que cubren el 80 % de su envoltorio, no es comparable con las cajillas de cigarrillo que se utilizarán a partir de febrero, aclaró Roballo.

El ministro Basso subrayó que el Gobierno desarrolla la hoja de ruta que se trazó para disminuir los daños y perjuicios que genera el tabaco para la salud pública, el factor más importante que incide en las enfermedades no transmisibles (ENT), responsables del 75 % de la morbimortalidad del país.