A las 17:00 horas de este jueves 23, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, entregó a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, el proyecto de ley de urgente consideración elaborado por el Poder Ejecutivo, que será tratado por el Parlamento en un plazo de 90 días. El Poder Legislativo asegurará las garantías sanitarias necesarias para sancionarlo de manera adecuada.
En rueda de prensa, el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, indicó que en el proyecto de ley de urgente consideración enviado al Parlamento no hay cambios sustanciales respecto al primer borrador, pero sí correcciones y mejoras de redacción.
Puntualizó que el Gobierno aspira a que sea enriquecido con modificaciones y con los mayores acuerdos partidarios, “a los efectos de tener la mejor ley posible y más consensuada”. La entrega en mano del texto redactado por el Poder Ejecutivo se concretó de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República. El proyecto ingresará el próximo martes por la Cámara de Senadores, según se acordó con los coordinadores de bancada de todos los partidos políticos, informó por su parte, Beatriz Argimón. La vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General añadió que luego de la sesión extraordinaria se instalará de manera formal una comisión especial de 15 miembros encargada de implementar un cronograma de trabajo para abordar los temas y las reuniones con representantes de la sociedad civil, a fin de exponer sobre los alcances del proyecto. “Oficialmente la comisión se instalará después de la sesión del Senado, el próximo miércoles”, precisó. El Poder Legislativo desarrollará las medidas sanitarias necesarias para garantizar la salud de los legisladores, funcionarios, visitas y prensa acreditada, adelantó. La Cámara de Senadores dispone de 45 días para tratar el proyecto y la Cámara de Representantes, de otros 30 días. En caso de que la cámara baja modifique el texto, el Senado cuenta con 15 días para analizar las modificaciones, con lo que se cumple el plazo de 90 días. Si se mantienen las diferencias, el proyecto pasa de manera automática a la Asamblea General, con un plazo de 10 días para su aprobación definitiva.
