La Justicia de Argentina determinó este lunes que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) deberá acudir el próximo 20 de octubre a declarar en calidad de investigada por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo. Esta es la segunda vez que Cristina Fernández es llamada a declaración indagatoria desde que dejó el poder. En abril pasado, se sentó frente al juez por presunto perjuicio económico al Estado por la venta de futuros de dólar en el Banco Central al final de su mandato.

Ahora, el juez federal Julián Ercolini dispuso en un dictamen de 29 hojas la citación de Cristina Fernández y otras 33 personas, entre ellas exmiembros del anterior Ejecutivo, como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, y empresarios como Lázaro Báez.

El magistrado investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de “beneficios exclusivos” a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez —actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero—, en detrimento de las arcas del Estado. Además, Ercolini dictó como medida cautelar la inhibición (bloqueo) general de bienes de 17 de los citados, entre ellos Cristina Fernández.

Ya el pasado 16 de agosto, los fiscales del caso —Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques— solicitaron al juez que Fernández fuera llamada a declarar por presunta administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública. El Ministerio Público Fiscal vio indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz beneficiando a Báez, quien fuera estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

La causa —abierta en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió— busca determinar si entre los años 2003 y 2015 los imputados integraron una “organización criminal” ideada para “beneficiarse ilegítimamente” con el dinero público en “consecuente y grave detrimento” de las rentas de la Nación.

En su dictamen, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), Ercolini añade que están incorporados “elementos de convicción bastantes” como para fundamentar la “verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio”, y los “consecuentes montos millonarios emergentes de la maniobra”.

Báez, principal adjudicatario de obra pública durante el kirchnerismo en el sur del país, permanece detenido desde abril en el marco del expediente conocido como “Ruta del dinero K (Kirchner)” por encabezar, presuntamente, una red de lavado de dinero, en el marco del cual la Fiscalía también pidió investigar a Cristina Fernández.