La informalidad laboral en los balnearios supera la media de Uruguay, ante lo cual las autoridades intensificaron las inspecciones, que incluyó controles de trabajo doméstico en lugares donde se detectó una situación irregular con trabajadoras extranjeras, informó el inspector general de Trabajo, Gerardo Rey. Sobre el operativo de seguimiento del cumplimiento de la licencia en la construcción, dijo que fue “positivo”.“Las inspecciones se planificaron luego de estudiar una matriz de riesgo sobre todo en los sectores gastronómico y hotelero, porque en la zafra veraniega se verifica un informalismo mayor a la media del país”

 Uruguay tiene el menor índice de informalidad laboral de América Latina.  Esto obedece a una “gran articulación entre los empleadores y sindicatos con el Estado que realiza inspecciones a través de la Dirección General del Trabajo, el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI)”.Según los datos analizados de 413 empresas de Maldonado inspeccionadas en la segunda quincena de diciembre, una de cuatro no tuvo ningún tipo de observaciones.Hubo 50 % de casos en los que no se exhibieron al momento de la inspección las actas del BPS o del Banco de Seguros del Estado".

 Algunos establecimientos tenían a los trabajadores directamente “en negro”, otros tenían ingresados a los trabajadores permanentes pero no a los zafrales. Acotó que de las inspecciones realizadas se constató que menos de 2 % de los establecimientos visitados emplean extranjeros.“En todos los casos se intima a las empresas a corregir la situación y a que entreguen la documentación correspondiente”, manifestó.La situación más compleja se registró el jueves 14 en una finca particular de Punta del Este, donde se constató la presencia de trabajadoras domésticas provenientes de Paraguay.Se trata de una empleadora de origen argentino que viajó desde su país con las trabajadoras para que prestaran el servicio doméstico en Uruguay. Esta persona “dificultó la tarea de los inspectores sin permitir que las empleadas dialogaran con ellos y, ante ello, se tuvo que pedir la intervención de la policía”. Agregó que los efectivos actuaron “en forma muy correcta facilitando que se realizara la inspección”.

El funcionario manifestó que, “fruto de esta inspección y la situación tensa vivida, hubo que dar protección a una de las trabajadoras que manifestó que no quería continuar con la relación laboral”.Informó que la secretaría de Estado se puso en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social para proteger y brindarle una plaza en un refugio.El ministerio está enfocado en lograr una rápida liquidación de los haberes pendientes de esta trabajadora y en que la contratista presente la documentación sobre todas las personas que trabajan para ella, sino se le impondrán las sanciones que correspondan, apuntó.Desde el punto de vista de Rey, el conocimiento de que el ministerio realiza las inspecciones, “anima” a las personas a realizar las denuncias que se reciben en las dependencias de la cartera.