Por acuerdo entre todos los partidos políticos y el Gobierno se decidió el envío al Parlamento del quinto proyecto de ley que refiere al narcotráfico, explicó este martes 14, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.Los representantes del Partido Nacional se mostraron de acuerdo con el tema, y destacaron especialmente que se trata de un mensaje claro sobre el combate al narcotráfico. Por su parte, desde el Partido Colorado se aclaró que el capítulo referido a las penas se aprobó sin un acuerdo unánime pero valoró el ámbito de diálogo en el que se logró.
Desde el Partido Independiente, Pablo Mieres expresó: “Para nosotros está claro que todos los delitos de narcotráfico tendrán una penalización mayor salvo en lo relacionado a la marihuana que mantiene su normativa particular”. Asimismo, dijo que a diferencia de lo expresado por el Partido Nacional, los delitos relacionados a la pasta base ya eran inexcarcelables, pero no se aplicaba la norma por la dificultad que había para determinar ese producto con exactitud. En ese sentido destacó la futura intervención de los laboratorios anunciada en anteriores reuniones.
Edgardo Novick representante del Partido de la Concertación coincidió en que el mensaje con este acuerdo es un “combate total al narcotráfico y a su financiación”. Los representantes de Unidad Popular y del Frente Amplio no realizaron declaraciones sobre este tema.
La agenda de encuentros seguirá analizando el tema relacionado a la minoridad infractora, reviendo la medida anunciada la semana pasada de crear una comisión bicameral para estudiar la temática, explicó Roballo. Agregó que luego de analizar las distintas propuestas y de una larga discusión se decidió retomar un proyecto de origen multisectorial presentado en el año 2013 que aborda integralmente la problemática de la minoridad infractora.A su entender el endurecimiento de penas aislado no tiene efecto, y en muchos casos se han derogado algunas normativas por ineficaces. “Aumento de penas sí o aumento de penas no, solo es una parte de la cuestión”, argumentó.
Por su parte los representantes del Partido Nacional calificaron esta decisión como un “gran avance” y destacaron que a su entender los menores de entre 15 y 18 años necesitan más tiempo para rehabilitarse por lo cual es necesario duplicar las penas mínimas y máximas. Asimismo resaltaron como otra prioridad mantener los antecedentes penales y analizar la participación de los adultos a cargo de los jóvenes que delinquen.
Desde el Partido Colorado se coincidió en la necesidad de lograr respuestas rápidas sobre el tema ya sea desde una comisión —como se había propuesto anteriormente— o en este ámbito de trabajo. Esta colectividad política está de acuerdo con analizar la relación de los adultos con menores infractores a cargo y también propone crear un instituto nacional de rehabilitación de menores fuera de la órbita del INAU, con nuevos funcionarios y nuevos edificios, porque a su entender se necesita una renovación total para lograr resultados exitosos.
El Partido Independiente coincidió en lo importante de abordar este tema desde una óptica global sin detenerse solo en las penas. Unidad Popular por su parte, entiende que el tema de las penas debe orientarse en un contexto de trabajo multidisciplinario con adolescente con un enfoque más global que el que se hace en estos ámbitos de discusión.
Participaron por el Frente Amplio, Daniela Payssé y Daniel Marsiglia; por Unidad Popular Gonzalo Abella, Gustavo López y José Fernando Vázquez; por el Partido de la Concertación, Edgardo Novick y Jorge Barrera; por el Partido Nacional, Luis Alberto Héber, Javier García y Guillermo Besozzi; por el Partido Independiente Pablo Mieres, Daniel Radío e Iván Posada; por el Partido Colorado Germán Cardoso y José Garchitorena y por el Ministerio del Interior, el ministro Eduardo Bonomi, Jorge Vázquez y Charles Carrera.
